Queda en evidencia el montaje político-mediático contra el Campamento Dignidad. Se despliega todo un dispositivo propio de peligrosos criminales, por orden de muy arriba y, sin embargo, la jueza considera que como mucho puede haber alteración del orden público.
Vergonzoso y propio de un país que se dice democrático lo sucedido estos días. Las personas que pasaban hoy por los juzgados y comisaría de Mérida no daban crédito al despliegue policial montado: antidisturbios venidos de Sevilla, calles cortadas y seguimiento total a los que se concentraban fuera. Los viandantes pensaban que juzgaban a algún peligroso delincuente o alguna banda armada, pero la cruel realidad es que iban a declarar ante la jueza los 19 integrantes del Campamento Dignidad.
La campaña de criminalización estaba servida: los detenidos han sido esposados, impresionante despliegue policial, la prensa y las organizaciones afines les acusan sin respetar la presunción de inocencia de coacciones, allanamiento en domicilio de persona jurídica y desorden público, y todo ello por un simple acción pacífica de entrar en un plató de televisión a leer un manifiesto de la renta básica.
¿A qué obedece todo esto? Según nos confirman varias fuentes la orden viene de muy arriba, vamos una decisión política para amedrentar y criminalizar el movimiento más combativo y activo en Extremadura. Solo hay que recordar que antes hechos similares de otros colectivos los participantes ni han sido detenidos ni imputados, algo lógico dado que se trata de una protesta pacífica. Por ejemplo: Protesta en directo en un telediario de RTVV. Los agentes advirtieron a los trabajadores que tenían 20 minutos para desalojar el plató. En caso contrario, procederían a identificar a todos. Finalmente, no ha hubo ni identificaciones ni detenciones en el estudio. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/16/valencia/1342437055_590714.html
Pero además se añade un castigo innecesario, permanecer detenido más de 24 horas por un simple acto pacífico y que la jueza califica como mucho de posible alteración del orden público, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal afirma en su art. 520 que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.
Los detenidos han pasado más de 24 horas en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional, y tras prestar declaración ante la jueza acaban de quedar en libertad. La jueza, analizando el caso y la entidad de la acción no ha considerado que se les pudiera imputar por coacciones ni por allanamiento, y el próximo martes se celebrará un juicio rápido para valorar si acaso se han producido desórdenes públicos.
Es repugnante, 180.000 parados en Extremadura y 70.000 parados sin ingresos, buena parte de la población sufriendo cortes de agua, de luz, desahucios, sin dinero para poder comprar medicamentos personas con enfermedades graves… y la renta básica que no acaba de llegar a pesar de las múltiples promesas y engaños, y se hace una protesta pacífica para denunciar esta cruel realidad, porque la gente ya no aguanta más y la respuesta es detenciones y criminalización: vergüenza.
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por Kaos. Extremadura
Fuente: kaos en la red
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